El juicio oral por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner avanza con intensidad. La fiscalía ha solicitado fuertes condenas para los principales acusados, mientras que uno de los implicados, Nicolás Carrizo, jefe de la banda de los "Copitos", ha sido liberado por falta de pruebas.
Pedido de Condenas para Sabag Montiel y Uliarte
La fiscal Gabriela Baigún solicitó una pena de 19 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló el arma contra la ex vicepresidenta. Para Brenda Uliarte, su entonces pareja, la fiscalía pidió 14 años y dos meses de cárcel. Ambos están acusados de "tentativa de homicidio con alevosía".
Durante el juicio, se reprodujeron audios comprometedores de Sabag Montiel enviados a Uliarte días antes del atentado, donde detallaba sus intenciones de generar caos y pánico entre los manifestantes que apoyaban a CFK.
Liberación de Nicolás Carrizo, el Jefe de los "Copitos"
En un giro inesperado, el Tribunal Oral Federal 6 ordenó la liberación de Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el jefe de "Los Copitos", tras casi tres años de prisión preventiva. Tanto la fiscalía como la querella retiraron los cargos en su contra al no encontrar pruebas que lo vincularan directamente con el atentado.
La fiscal Baigún argumentó que no se pudo acreditar que Carrizo tuviera un arma de fuego a disposición de Uliarte ni que estuviera al tanto del plan para asesinar a Cristina Kirchner. Esta decisión fue parte de una estrategia de la querella para desestimar la teoría de que el atentado fue obra de un grupo marginal y apuntar a posibles instigadores con mayor poder.
La Causa Vialidad y el Contexto Político
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
El juicio por el atentado a Cristina Kirchner continúa generando controversia y debate en la sociedad argentina.