Este 27 de agosto se inicia el juicio contra Marcelo Corazza, ex productor de Gran Hermano, en el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Corazza, quien permanece bajo prisión preventiva desde junio de 2024, enfrentará cargos por asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores.
La audiencia, que comenzará a las 09:30 horas, estará a cargo de los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni. La acusación será liderada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes presentarán las pruebas reunidas contra el ex ganador del reality show.
La Fiscalía buscará demostrar que Corazza formó parte de una banda dedicada al reclutamiento de varones, especialmente adolescentes, para someterlos a prácticas sexuales, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución.
La fecha de inicio del juicio fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el 12 de agosto, luego de rechazar el pedido de la defensa para suspender el proceso. Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos desestimaron el argumento de la defensa, que alegaba la existencia de recursos de queja pendientes ante la Corte Suprema. Los magistrados señalaron que dichas presentaciones no impiden el avance del juicio.
La detención de Corazza generó un gran impacto mediático, dada su previa exposición pública como productor y ganador de Gran Hermano. El juicio se espera que sea seguido de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación.
Posibles implicaciones del caso
Este caso pone de manifiesto la gravedad de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, y la importancia de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y juicios justos para garantizar la protección de las víctimas y el castigo de los responsables.
El rol de los medios
El seguimiento mediático del juicio será crucial para mantener informada a la sociedad sobre el desarrollo del proceso y los argumentos presentados por las partes. Se espera que los medios actúen con responsabilidad y objetividad, evitando la revictimización de las presuntas víctimas y respetando el derecho a la presunción de inocencia del acusado.