La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el Estado provincial de Entre Ríos asuma los costos del proceso judicial y los honorarios de los abogados de Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción, cuya destitución en 2022 fue anulada por el máximo tribunal. Goyeneche había liderado investigaciones contra el exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción en 2022.
Si bien los montos específicos aún no han sido definidos, la resolución emitida este martes marca un punto importante en el caso. La Corte ya había fallado en diciembre de 2024 a favor de Goyeneche, declarando nula la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que la removió de su cargo. Sin embargo, la cuestión de las costas judiciales quedó pendiente hasta ahora.
En la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte se basó en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, salvo excepciones justificadas. En este caso, el tribunal consideró que no existían razones para apartarse de esta regla.
De esta manera, el Estado entrerriano deberá cubrir todos los gastos derivados del largo proceso judicial, beneficiando a los abogados que representaron a Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Además, se ordenó la devolución del depósito judicial realizado en la sentencia de diciembre pasado.
Implicaciones del Fallo
Esta decisión de la Corte Suprema refuerza la anulación de la destitución de Cecilia Goyeneche y subraya la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad por los costos generados en un proceso judicial donde se determinó que la remoción de la fiscal fue irregular.
Próximos Pasos
El siguiente paso será la determinación de los montos exactos que el Estado provincial deberá pagar en concepto de costas judiciales y honorarios de los abogados de Goyeneche. Este proceso se llevará a cabo en una etapa posterior.