La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el ojo de la tormenta tras una serie de allanamientos ordenados por la justicia federal en todas sus sedes y en la Droguería Suizo Argentina. La investigación, liderada por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, busca esclarecer presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte del Estado.
La Justicia Avanza en la Investigación
El foco de la investigación se centra en determinar si Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y su colaborador Eduardo "Lule" Menem, están involucrados en el esquema de sobornos. Los allanamientos tienen como objetivo recabar documentación relevante que permita avanzar en el expediente y esclarecer el rol de los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker en el caso.
Audios Reveladores y Mensajes Borrados
La causa se originó a partir de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue despedido tras el escándalo. En los audios, Spagnuolo describe un presunto desinterés del Presidente Javier Milei en la gestión y su asombro por la falta de comunicación que recibe siendo jefe de estado. Además, se refirió a Lule Menem en términos despectivos. Un informe preliminar del peritaje al celular de Spagnuolo reveló la existencia de mensajes eliminados, lo que ha intensificado las sospechas sobre un posible intento de ocultar información relevante para la investigación. La justicia intenta determinar si esos mensajes borrados incluyen conversaciones con Javier o Karina Milei, o con los empresarios involucrados.
Intervención en la ANDIS y Auditoría en Curso
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno decidió intervenir la ANDIS y designó a Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, como interventor. Vilches tiene a su cargo una auditoría exhaustiva de todos los contratos de la agencia. La investigación continúa su curso, y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el presunto esquema de corrupción que sacude a la ANDIS y al gobierno nacional.
Este caso plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la gestión de recursos destinados a personas con discapacidad y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes.