La reciente gira de Javier Milei por la provincia de Buenos Aires ha estado marcada por la controversia y la tensión. Desde incidentes con manifestantes hasta acusaciones de corrupción, el gobierno parece estar lidiando con múltiples frentes abiertos.
Incidentes en Lomas de Zamora y Moreno
La caravana de Milei en Lomas de Zamora terminó abruptamente tras ser atacada con piedras. Aunque el gobierno intentó minimizar el incidente, el hecho generó un fuerte impacto mediático y político. En respuesta, Milei redobló la apuesta y anunció un acto de cierre de campaña en Moreno, buscando reafirmar su presencia en la provincia.
Sin embargo, algunos sectores sugieren que estos incidentes podrían estar siendo utilizados para desviar la atención de un escándalo mayor: las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, existiría un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Lo más grave es que se menciona a Karina Milei, hermana del presidente, como receptora de un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han quedado inevitablemente ligados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS.
Las Multas de la Camioneta
Para añadir más leña al fuego, se reveló que la camioneta utilizada por Milei en Lomas de Zamora acumula más de $41 millones en multas de tránsito impagas. La Ford Ranger blanca, en la que viajaban Milei, Karina Milei y José Luis Espert, tiene 213 infracciones, la mayoría por exceso de velocidad y circular por carriles prohibidos. Este hecho no solo genera críticas por la falta de cumplimiento de las normas, sino que también alimenta la percepción de impunidad que algunos sectores atribuyen al gobierno.
Mientras tanto, la causa judicial conocida como Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, sigue generando controversia. Juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos han advertido sobre irregularidades en el proceso judicial, cuestionando la imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores), acusando lawfare (persecución judicial y mediática), la violación del principio de “non bis in idem”, la ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y la exposición mediática parcial y anticipada del caso.
En un contexto político cada vez más polarizado, estos escándalos y controversias plantean serias dudas sobre la transparencia y la integridad del gobierno actual.
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