El Gobierno argentino ha oficializado la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), con el fin de separar de manera definitiva la cobertura médica de los militares y las fuerzas federales de la obra social de los policías. Esta decisión, anunciada oficialmente el 6 de febrero de 2026, tiene un alcance significativo, afectando a más de 500 mil beneficiarios que dependen directamente de estos sistemas.
La medida se enmarca en el contexto de una crisis financiera que el sector ha enfrentado históricamente. Según datos del Ministerio de Salud, el IOSFA ha registrado un déficit acumulado de más de 1.200 millones de pesos desde 2021, lo que ha generado una necesidad urgente de reorganización para garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud. La separación de las dos entidades autárquicas, una dedicada a los militares y otra a las fuerzas federales, busca mejorar la eficiencia operativa y reducir los riesgos de conflictos en el manejo de recursos.
El anuncio, que se presenta como una respuesta a demandas históricas de ambos sectores, también busca alinear el sistema con las necesidades específicas de cada grupo. Los militares, con una estructura más cerrada y menos flexibilizada, requieren un enfoque diferente a la obra social de los policías, que enfrenta mayores demandas por la complejidad de sus operaciones y la diversidad de sus necesidades médicas. Esta separación es un paso clave en la estrategia del gobierno para optimizar el uso de recursos en el ámbito sanitario público.
La reestructuración incluye la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Entidad Autónoma para la Obra Social de las Fuerzas Armadas y la Entidad Autónoma para la Obra Social de las Fuerzas Federales. Ambas entidades tendrán autonomía para gestionar sus respectivos sistemas de salud, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades específicas de cada grupo. Este cambio, que se previó desde finales de 2025, refleja la voluntad del gobierno de priorizar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos.
El proceso de reorganización ha generado debates en el sector salud. Organizaciones como ADEPA han expresado preocupaciones, señalando que la separación podría aumentar la brecha entre las necesidades de los diferentes grupos. Sin embargo, el Ministerio de Salud sostiene que la medida es necesaria para evitar la deslocalización de servicios críticos y garantizar que cada grupo reciba el tipo de atención adecuada.
En cuanto a las implicaciones futuras, el gobierno ha asegurado que el presupuesto asignado a cada entidad será ajustado para mantener la cobertura médica a un costo razonable. Además, se ha prometido realizar un seguimiento constante para evaluar el impacto de la reestructuración en la calidad de los servicios. Este enfoque busca equilibrar las necesidades de eficiencia y equidad en el sistema de salud público.