En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los colectivos de jurisdicción nacional han aumentado sus tarifas en un 31% a partir de este miércoles, según el último informe publicado por La Nación. Este ajuste aplica a las 104 líneas de transporte que operan en la zona, lo que genera preocupaciones en el sector y entre los usuarios diarios.
El aumento de tarifas se produce en el contexto de una grave crisis económica que ha afectado a millones de argentinos. Según datos de la Administración Nacional de Transporte, el 31% de aumento representa un incremento de 1200 pesos en el precio de un boleto de 1000. El impacto en los usuarios es significativo, especialmente en zonas con bajos ingresos donde el transporte público es esencial.
La medida ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones sociales y sindicatos, quienes advierten que la suba afecta directamente a los más vulnerables. Los colectivos, que históricamente han sido una alternativa económica para desplazamiento, ahora enfrentan una nueva realidad donde el costo de uso se incrementa drásticamente. En el AMBA, donde el transporte público es la opción más accesible para muchos, este ajuste puede llevar a una mayor desconfianza en el sistema.
Según análisis de expertos, el aumento del 31% en el transporte público refleja un desequilibrio financiero que la administración nacional está intentando resolver. Sin embargo, el impacto en el bolsillo de los usuarios no está claro, ya que muchos recurren a estrategias como el uso de tarjetas de crédito o el saldo negativo en la SUBE.
El gobierno ha asegurado que el ajuste es necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema. Los responsables explican que la suba busca recuperar fondos para mantener las líneas en operación y enfrentar gastos adicionales. Para los usuarios, la pregunta es: ¿cuántos viajes se pueden realizar sin necesidad de crédito? Este tema ha generado debates en redes sociales y en los medios locales.
En el contexto actual, la suba del 31% en los colectivos no es un evento aislado. Es parte de una tendencia más amplia en la que el Estado busca equilibrar las cuentas públicas. La experiencia de la última suba en febrero de 2026 muestra que las medidas pueden tener efectos tanto positivos como negativos, dependiendo de cómo se implementan.
Los especialistas en transporte público señalan que el 31% de aumento se traduce en una reducción del número de viajes que un usuario puede realizar sin recargar el saldo en la SUBE. Por ejemplo, un viajero que tiene un saldo de 500 pesos en su tarjeta SUBE podría tener que recargar varias veces al día para mantener la operación del sistema.
La situación también refleja una tensión entre el Estado y los usuarios. Los colectivos, que históricamente han sido un medio de transporte económico, ahora enfrentan un desafío que podría llevar a un aumento en la desconfianza hacia el sistema. Además, la falta de alternativas para quienes