El bloque político La Libertad Avanza presentó un proyecto legislativo para declarar la Emergencia en Seguridad Pública por dos años en la provincia de Jujuy. Esta iniciativa busca reorientar recursos hacia la seguridad ciudadana, reducir el tiempo de respuesta en áreas vulnerables y fortalecer la participación de la fuerza policial en acciones preventivas. Según datos del Ministerio de Seguridad, el aumento en casos de violencia en el interior de la provincia ha alcanzado niveles que justifican una medida de emergencia nacional.
El proyecto propone una serie de medidas concretas: primeramente, la relevar y reubicación de efectivos policiales en zonas críticas de alto riesgo, lo que permitiría una mayor presencia en municipios con índices altos de incidencia. Segundo, la eliminación de custodias políticas, una práctica que según el informe de la ONU ha sido utilizada en contextos de desconfianza entre el Estado y las comunidades. Tercero, la redirección de fondos de empresas estatales hacia el sistema de seguridad pública, lo que generaría recursos adicionales para la compra de equipos y capacitación de agentes. Cuarto, la creación de una comisión legislativa de control con poder de revisión de las decisiones en tiempo real, garantizando transparencia en la aplicación de la medida.
La propuesta ha generado debates en las redes sociales, donde se ha señalado que el gobierno provincial ha priorizado el uso de recursos en publicidad en redes sociales en lugar de la inversión en seguridad. Según un informe de la red de investigación RUIDO, Jujuy fue uno de los departamentos que más gastó en campañas publicitarias en redes sociales en el último año, lo que ha generado preocupaciones sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos. Estos datos contrastan con las necesidades reales de seguridad en zonas rurales y urbanas de la provincia.
En el contexto nacional, el tema de la emergencia en seguridad ha sido un tema recurrente en las últimas elecciones. Los partidos que han promovido medidas similares en otros estados han logrado apoyo en áreas donde se ha observado una disminución en la incidencia de actividades violentas. Sin embargo, en Jujuy, la situación es diferente: el aumento en el número de casos de violencia ha sido significativo, lo que justifica la necesidad de una medida de emergencia.
La iniciativa también incluye un análisis de la relación entre el uso de recursos estatales y la eficiencia en la seguridad pública. Según un estudio reciente, el recorte a las sociedades estatales podría generar un impacto positivo en la reducción de casos de violencia, pero también podría afectar a áreas clave como la salud y la educación. El proyecto busca equilibrar estos factores, asegurando que la medida no afecte a sectores esenciales.
La propuesta de emergencia en seguridad ha sido bien recibida por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan que la seguridad pública debe ser gestionada con un enfoque humanista. Por otro lado, la oposición critica que el recorte a las sociedades estatales podría generar una disminución en la capacidad del Estado para responder a crisis sociales.