Un nuevo revés judicial golpea a la Argentina en el litigio por la nacionalización de YPF en 2012. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha ordenado al país transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes, beneficiarios del fallo que considera irregular la forma en que se llevó a cabo la expropiación.
Esta decisión judicial, difundida inicialmente por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X, representa un duro golpe para las finanzas del país, que ya había sido condenado a pagar más de USD 16.000 millones en este caso. El paquete accionario en disputa es precisamente el que el Estado argentino adquirió a Repsol en el momento de la nacionalización, y que actualmente le permite mantener el control de la compañía.
Si bien el fallo es apelable, genera incertidumbre sobre el futuro de YPF y su rol estratégico en el desarrollo energético del país. La eventual pérdida del control accionario podría implicar cambios significativos en la política energética nacional y en la gestión de los recursos hidrocarburíferos.
Implicaciones del Fallo
La orden de la jueza Preska plantea interrogantes sobre el futuro de YPF. ¿Cómo afectará la pérdida del control estatal a la inversión en Vaca Muerta? ¿Qué implicaciones tendrá para los precios de los combustibles y la seguridad energética del país? Estas son algunas de las preguntas que surgen tras este nuevo capítulo en la saga judicial de YPF.
Reacciones y Próximos Pasos
Se espera que el gobierno argentino apele la decisión judicial. Mientras tanto, el mercado y los analistas siguen de cerca la evolución del caso, conscientes de su impacto potencial en la economía nacional. La defensa legal del país deberá presentar argumentos sólidos para revertir el fallo y proteger los intereses nacionales en esta disputa de larga data.
- El fallo es apelable por Argentina.
- El 51% de las acciones fueron adquiridas a Repsol.
- El caso ya le costó al país una condena de USD 16.000 millones.