El activista keniano Boniface Mwangi ha realizado una denuncia impactante sobre torturas sexuales sufridas durante su detención en Tanzania. Según relató a la BBC, Mwangi se encuentra "luchando por seguir vivo" tras los presuntos abusos ocurridos el mes pasado.
Mwangi, quien viajó a Tanzania para mostrar su solidaridad con el político opositor Tundu Lissu, detenido en ese país, describió en una conferencia de prensa en Nairobi un relato desgarrador. Afirmó haber sido desnudado, colgado boca abajo, golpeado en los pies y agredido sexualmente.
Las acusaciones han generado una fuerte controversia. El jefe de policía de Dar es Salaam, Jumanne Muliro, desestimó las declaraciones de Mwangi como "opiniones" y "rumores", instándolo a presentar una denuncia formal para su investigación. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por un clima represivo creciente en Tanzania, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre.
Reacciones y Demandas
Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades tanzanas que rindan cuentas los responsables de este "trato inhumano". Grupos regionales de derechos humanos también han solicitado una investigación exhaustiva de las denuncias.
Mwangi no fue el único afectado. La activista ugandesa Agather Atuhaire, también detenida en Tanzania, denunció haber sido violada durante su detención. Atuhaire estuvo presente en la conferencia de prensa en Nairobi, donde Mwangi describió con detalles gráficos su propia agresión sexual.
Implicaciones Regionales
Este incidente pone de manifiesto las tensiones políticas y las preocupaciones sobre derechos humanos en la región. Las acusaciones contra el gobierno tanzano se suman a otras denuncias de represión y autoritarismo, generando llamados a la transparencia y al respeto de los derechos fundamentales.
La comunidad internacional observa de cerca la situación en Tanzania, especialmente en el contexto de las próximas elecciones. Se espera que las autoridades tomen medidas concretas para investigar las denuncias y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, incluyendo activistas y opositores políticos.